Dom. Nov 22nd, 2026

AHIVA propone cambiar la Ley del Suelo para acelerar la construcción de viviendas en España

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La Asociación Habitacional para el Impulso de la Vivienda Asequible reclama que las licencias de construcción puedan obtenerse por silencio administrativo positivo cuando los proyectos cumplan todos los requisitos legales. La entidad propone plazos máximos de 60 días para vivienda protegida y asequible y de 90 días para el resto de promociones residenciales.

Por Manuel Recio Abad |

España atraviesa una situación especialmente compleja en materia de vivienda. La escasez de oferta, el encarecimiento de los inmuebles y las dificultades para acceder a una vivienda asequible se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de miles de familias.

Sin embargo, mientras aumenta la necesidad de construir nuevas viviendas, numerosos proyectos urbanísticos se enfrentan a procedimientos administrativos que pueden prolongarse durante meses e incluso años.

Ante esta situación, la Asociación Habitacional para el Impulso de la Vivienda Asequible (AHIVA) plantea una reforma de la legislación estatal para agilizar la concesión de licencias de edificación y evitar que la falta de respuesta de las administraciones públicas termine paralizando proyectos que cumplen la normativa vigente.

La propuesta tiene un objetivo claro: que el silencio administrativo deje de convertirse en un obstáculo para la construcción de viviendas legales.

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El problema: cuando la Administración no responde

Actualmente, el artículo 11.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, contempla el silencio administrativo negativo para determinadas autorizaciones urbanísticas, entre ellas las obras de edificación de nueva planta.

Esto significa que, cuando un promotor solicita una licencia y la Administración no responde dentro del plazo legalmente establecido, la solicitud puede entenderse desestimada.

Para AHIVA, esta situación genera una contradicción difícil de justificar en un país que necesita incrementar urgentemente su parque residencial.

La asociación considera que la inactividad administrativa no debería perjudicar a quienes presentan proyectos ajustados al planeamiento urbanístico y cumplen las exigencias legales.

Además, recuerda que la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece el silencio positivo como regla general, aunque contempla excepciones recogidas expresamente en otras normas.

En Andalucía, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) establece un plazo general de tres meses para resolver las licencias urbanísticas, si bien su aplicación está condicionada por las excepciones previstas en la legislación estatal.

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AHIVA propone licencias en 60 o 90 días

La principal reivindicación de AHIVA consiste en modificar expresamente el artículo 11.4 de la Ley estatal de Suelo para permitir el silencio administrativo positivo en las licencias de edificación residencial de nueva planta, siempre que los proyectos cumplan íntegramente la normativa.

La asociación plantea establecer dos plazos máximos de resolución:

  • 60 días para promociones de vivienda protegida o asequible.
  • 90 días para el resto de actuaciones residenciales.

Una vez transcurridos estos plazos sin resolución expresa notificada, la solicitud podría entenderse estimada, siempre que se hubiera presentado toda la documentación necesaria y se cumplieran las condiciones urbanísticas, técnicas y legales exigibles.

La propuesta contempla igualmente las suspensiones de plazo previstas legalmente y la necesidad de contar con los informes y autorizaciones sectoriales correspondientes.

Desde AHIVA insisten en que la reforma no pretende eliminar controles ni permitir actuaciones contrarias a la normativa.

«No estamos proponiendo que se construya al margen de la ley. Estamos exigiendo que la Administración cumpla la ley con la misma diligencia que exige a los ciudadanos».

Los retrasos administrativos también encarecen las viviendas

Uno de los principales argumentos de la asociación es el impacto económico que provocan las demoras en la tramitación de licencias.

Cada mes de espera puede traducirse en mayores costes financieros, gastos empresariales adicionales y retrasos en la ejecución de inversiones.

Estos sobrecostes pueden terminar repercutiendo en el precio final de las viviendas, dificultando todavía más el acceso a inmuebles asequibles.

AHIVA considera que agilizar los procedimientos administrativos permitiría mejorar la seguridad jurídica de los promotores, favorecer nuevas inversiones y facilitar la puesta en marcha de proyectos residenciales.

La asociación defiende que la construcción de vivienda asequible requiere no solo disponibilidad de suelo, sino también una Administración capaz de tramitar las solicitudes dentro de plazos razonables.

Una reforma con garantías legales y medioambientales

La propuesta de AHIVA incorpora una serie de condiciones destinadas a garantizar que el silencio positivo no pueda utilizarse para amparar actuaciones ilegales.

En ningún caso podrían adquirirse mediante silencio administrativo facultades contrarias al planeamiento urbanístico, ni autorizarse construcciones que invadan el dominio público o incumplan las exigencias de seguridad y protección ambiental.

Tampoco podrían sustituirse aquellas autorizaciones sectoriales para las que la legislación exija expresamente una resolución administrativa.

La Administración conservaría, además, sus potestades de inspección, disciplina urbanística y restablecimiento de la legalidad.

Para la asociación, la clave consiste en encontrar un equilibrio entre la necesaria supervisión pública y el derecho de los ciudadanos y empresas a obtener una respuesta administrativa dentro de los plazos establecidos.

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Andalucía, llamada a impulsar el cambio

AHIVA considera que Andalucía podría desempeñar un papel relevante en esta reforma.

La asociación propone que la comunidad autónoma inste al Gobierno de España a modificar la legislación estatal y, posteriormente, adapte su propia normativa urbanística.

En concreto, plantea modificar el artículo 140.2 de la Ley 7/2021, conocida como LISTA, para incorporar los nuevos plazos de resolución y permitir el silencio administrativo positivo en aquellos supuestos autorizados por la legislación estatal.

La reforma debería completarse mediante el desarrollo reglamentario correspondiente, actualmente recogido en el Decreto 550/2022.

Entre las medidas complementarias propuestas destacan la comprobación temprana de la documentación, los mecanismos de certificación del silencio administrativo, la tramitación electrónica y el refuerzo de los medios técnicos de los servicios municipales.

AHIVA también plantea establecer mecanismos de responsabilidad ante incumplimientos injustificados de los plazos legales.

Una propuesta que requiere una reforma legislativa estatal

La asociación reconoce que el cambio debe abordarse con las debidas garantías jurídicas.

En este sentido, recuerda que la Sentencia 143/2017 del Tribunal Constitucional examinó el reparto de competencias en esta materia y reconoció cobertura estatal para la regulación del silencio administrativo negativo en determinadas actuaciones urbanísticas.

Por ello, la propuesta plantea modificar expresamente la normativa estatal antes de proceder a la adaptación de la legislación autonómica.

El documento elaborado por AHIVA constituye un borrador para estudio y tramitación que deberá someterse a una revisión jurídica especializada antes de convertirse en una iniciativa legislativa formal.

«No hay vivienda a tiempo sin agilidad administrativa»

Para AHIVA, la solución al problema de la vivienda no depende exclusivamente de construir más, sino también de eliminar obstáculos administrativos innecesarios que dificultan la ejecución de proyectos legales.

La asociación reclama administraciones dotadas de medios suficientes, procedimientos transparentes y plazos que se cumplan de manera efectiva.

Su planteamiento parte de una premisa: los controles urbanísticos deben mantenerse, pero la falta de respuesta administrativa no debería convertirse en una paralización indefinida de inversiones legítimas.

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«No hay vivienda asequible sin suelo asequible, ni vivienda a tiempo sin agilidad administrativa».

Con esta propuesta, AHIVA pretende abrir un debate sobre la necesidad de modernizar la legislación urbanística española y facilitar la construcción de las viviendas que demanda la sociedad.

La entidad concluye con una reivindicación dirigida a los responsables públicos: ha llegado el momento de cambiar la ley para que el silencio de la Administración no siga siendo una barrera para quienes quieren construir viviendas cumpliendo todos los requisitos legales.


AHIVA — Asociación Habitacional para el Impulso de la Vivienda Asequible

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