Sevilla desafía al calor para apoyar a Ceuta y decir no a Pedro Sánchez

Más de 60.000 personas, según la Policía Local de Sevilla, salieron a la calle para respaldar a nuestros compatriotas ceutíes. La solidaridad con Ceuta fue el origen de una movilización que acabó expresando un malestar mucho más profundo con el Gobierno: corrupción acreditada en antiguos hombres fuertes del PSOE, investigaciones abiertas, tres años sin nuevos Presupuestos y una inflación que vuelve a golpear con fuerza a las familias.

Sevilla salió este miércoles a la calle por Ceuta y lo hizo de una manera difícil de ignorar. Más de 60.000 personas, según los cálculos de la Policía Local de Sevilla, ocuparon el centro de la capital en un día laborable y bajo el intenso calor de una tarde sevillana para decir a nuestros compatriotas ceutíes que no están solos. Puerta de Jerez, la Avenida de la Constitución y la Plaza de San Francisco ofrecieron la imagen de una ciudad volcada con otra ciudad española que lleva más de un mes viviendo una situación absolutamente excepcional.

Ceuta fue el motivo de la convocatoria y Ceuta debe seguir siendo el centro de esta historia. Pero sería faltar a la verdad contar lo sucedido en Sevilla como una simple concentración de solidaridad. Porque junto a los gritos de apoyo a los ceutíes comenzaron a escucharse otros que terminaron adquiriendo un enorme protagonismo: «Pedro Sánchez, dimisión», «Gobierno traidor» y «corruptos a la cárcel», además del conocido y bastante más grueso cántico dirigido personalmente contra el presidente del Gobierno.

Podrán gustar más o menos. Algunos podrán considerarlos excesivos o innecesarios. Pero estaban allí y se escucharon con fuerza. El periodismo no debería eliminar aquello que resulta incómodo para convertir la calle en un escenario políticamente correcto. Y la realidad de este miércoles es que una concentración convocada para apoyar a Ceuta terminó convirtiéndose también en una contundente expresión de rechazo hacia Pedro Sánchez y su Gobierno.

La cuestión verdaderamente interesante, sin embargo, no es qué gritaban los manifestantes, sino por qué lo gritaban. Porque ese enfado no nació este miércoles en Sevilla y tampoco comenzó el 30 de julio en Ceuta. La crisis de la ciudad autónoma ha actuado como catalizador de un malestar que llevaba mucho tiempo acumulándose en una parte de la sociedad española y en el que confluyen la gestión de la inmigración, el deterioro de la confianza en las instituciones, los casos de corrupción, las investigaciones que rodean al PSOE y al entorno del presidente, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y una economía doméstica que cada vez se parece menos a determinados discursos triunfalistas.

Para comprender ese hartazgo hay que comenzar necesariamente por Ceuta.

Los días 30 y 31 de julio entraron irregularmente desde Marruecos alrededor de 72.000 personas. No estamos hablando de una cifra menor ni de una crisis migratoria ordinaria. Ceuta tiene alrededor de 84.000 habitantes. En apenas 48 horas atravesó su frontera una cantidad de personas equivalente a una parte enorme de toda su población. Ninguna ciudad española está preparada para asumir un fenómeno de semejante magnitud sin sufrir consecuencias económicas, sociales, policiales y sanitarias.

Y las consecuencias llegaron inmediatamente. La Cámara de Comercio de Ceuta ha elevado a más de 33 millones de euros las pérdidas económicas directas ocasionadas por la crisis. El comercio ha sufrido caídas superiores al 50%, la hostelería ha experimentado un golpe similar y el turismo ordinario se ha desplomado alrededor de un 90%. Detrás de esos porcentajes no existen estadísticas abstractas, sino comerciantes que han visto desaparecer buena parte de sus ingresos, autónomos intentando mantener abiertos sus negocios, trabajadores preocupados por sus empleos y familias que llevan semanas preguntándose cuándo recuperará su ciudad la normalidad.

Ahora conocemos algo todavía más preocupante. El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional sostiene que existieron avisos previos sobre el riesgo de una entrada masiva. El documento describe además un «guiado activo» de personas hacia los puntos de entrada por parte de gendarmes marroquíes y agentes de paisano y habla de una operación con elementos de planificación previa y una capacidad organizativa que, según los investigadores, estaría por encima de las organizaciones criminales conocidas que operan en la zona.

La Dirección General de la Policía ha matizado posteriormente que ningún informe atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los acontecimientos. Esa precisión es importante. Pero no elimina las preguntas que el Gobierno tiene ahora la obligación de responder. Si existieron alertas previas, España tiene derecho a saber quién las conoció y qué se hizo con ellas. Si investigadores policiales han documentado el comportamiento de agentes marroquíes durante aquellas horas, España tiene derecho a conocer exactamente qué ocurrió. Y si en dos días cruzaron irregularmente una frontera española unas 72.000 personas, el asunto debería ser tratado como una cuestión de Estado y no como otro episodio de la permanente guerra partidista.

Ceuta, por tanto, tiene motivos suficientes para sentirse herida. Lo que resulta más interesante políticamente es comprender por qué esa herida ha conectado de manera tan inmediata con el descontento existente en otros puntos de España. Y ahí aparece inevitablemente una palabra que durante demasiado tiempo ha acompañado a la actualidad política nacional: corrupción.

Ya no estamos hablando únicamente de investigaciones o sospechas. El Tribunal Supremo condenó el pasado mes de junio al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Koldo García, su asesor y hombre de confianza, fue condenado a 19 años y ocho meses, mientras Víctor de Aldama recibió cuatro años y medio. La sentencia considera probado que los tres formaron una organización criminal relacionada con las mordidas en contratos públicos.

Ábalos no era un desconocido para Pedro Sánchez ni un dirigente situado en la periferia del PSOE. Fue ministro de Transportes, secretario de Organización del partido y uno de los hombres más poderosos del primer sanchismo. Formó parte del núcleo político que acompañó al presidente durante algunos de los años fundamentales de su llegada y consolidación en La Moncloa. Cuando un hombre que ha ocupado semejantes responsabilidades termina condenado por el Tribunal Supremo a más de 24 años de prisión, pretender reducir el asunto a un problema estrictamente individual resulta políticamente demasiado cómodo.

Parece que Pedro Sánchez no es responsable penal de los delitos cometidos por Ábalos. Evidentemente. Pero un presidente sí responde políticamente por los equipos que construye, por las personas en las que deposita su confianza y por la cultura de poder que se desarrolla alrededor de un Gobierno. Esa responsabilidad política resulta todavía más difícil de esquivar cuando Ábalos no constituye el único nombre que ha acabado protagonizando los tribunales.

El pasado 14 de julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia no es firme y puede ser recurrida, algo que debe quedar perfectamente claro. Pero también debe quedar claro lo contrario: a día de hoy existe una sentencia condenatoria contra el hermano del presidente.

Junto a quienes ya han sido condenados existen además investigaciones abiertas que afectan a otros nombres relevantes del universo político socialista. Santos Cerdán, que también ocupó la Secretaría de Organización del PSOE y fue durante años uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, continúa investigado dentro de las ramificaciones del caso Koldo relacionadas con el presunto amaño de obra pública. Begoña Gómez, esposa del presidente, mantiene igualmente procedimientos judiciales abiertos. Y José Luis Rodríguez Zapatero afronta también un frente judicial relacionado con Plus Ultra, cuyo desarrollo deberá determinar hasta dónde llegan las responsabilidades.

Conviene ser rigurosos precisamente porque el asunto es suficientemente grave como para no necesitar exageraciones. Un investigado no es un condenado y toda persona conserva su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia que establezca lo contrario. Pero la presunción de inocencia penal no puede utilizarse para abolir la responsabilidad política ni para exigir a los ciudadanos que contemplen cada nuevo caso como si los anteriores nunca hubieran existido.

El problema del Gobierno no es que pueda atribuirse a Pedro Sánchez cualquier conducta de quienes lo rodean. El problema es la acumulación. Un antiguo ministro y secretario de Organización condenado a más de 24 años de prisión; su asesor condenado a casi 20; otro secretario de Organización investigado; la esposa del presidente con procedimientos judiciales abiertos y su hermano condenado en primera instancia. Cada caso tendrá su recorrido judicial independiente, pero todos juntos producen inevitablemente un desgaste político y una pérdida de confianza que ningún Gobierno puede solucionar limitándose a denunciar campañas de la oposición.

Y mientras los tribunales se han convertido en una presencia habitual de la actualidad política, España atraviesa además una situación parlamentaria difícil de presentar como ejemplo de fortaleza. Los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados son los correspondientes a 2023. Las cuentas han continuado prorrogándose y el propio Ministerio de Hacienda identifica oficialmente los Presupuestos Generales del Estado como prorrogados para 2026. El Gobierno ha iniciado ya la elaboración de las cuentas para 2027 sin haber conseguido aprobar unas nuevas desde hace tres ejercicios.

Naturalmente, gobernar con Presupuestos prorrogados es legal. Nadie debería discutir semejante obviedad. Pero la discusión aquí no es jurídica, sino política. Los Presupuestos constituyen la principal ley económica de cualquier Ejecutivo y reflejan su capacidad para reunir una mayoría parlamentaria alrededor de un proyecto de país. Cuando un Gobierno lleva tres ejercicios sin conseguir aprobarlos, resulta legítimo preguntarse si está desarrollando realmente una legislatura o administrando simplemente su permanencia en el poder.

Resistir puede ser una virtud política y Pedro Sánchez ha demostrado sobradamente su capacidad para hacerlo. Pero gobernar debería significar algo más que resistir. Significa construir mayorías, aprobar cuentas públicas, proporcionar estabilidad y dedicar la mayor parte de las energías del Ejecutivo a resolver los problemas de los ciudadanos, no a gestionar semanalmente la supervivencia de la legislatura.

Y es precisamente en los problemas cotidianos donde aparece otro de los motivos que ayudan a explicar el malestar. El indicador adelantado del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística sitúa la inflación de agosto en el 4,3%, siete décimas por encima de julio. El INE señala expresamente entre las causas del repunte el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos y, en menor medida, el comportamiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Esta realidad tiene una importancia política enorme porque la economía que determina el humor social no es únicamente la que aparece en los grandes indicadores macroeconómicos. España puede crecer, crear empleo y presentar datos positivos que sería absurdo negar. Pero existe otra economía, mucho más sencilla y mucho más poderosa electoralmente, que es la que cada ciudadano comprueba cuando llena el depósito, paga el supermercado, busca una vivienda o mira cuánto dinero queda en la cuenta después de afrontar los gastos mensuales.

Una familia no mide su prosperidad leyendo una nota de prensa del Gobierno. La mide comprobando qué puede comprar con su sueldo. Y cuando el IPC vuelve al 4,3%, los combustibles presionan al alza y determinados productos esenciales continúan tensionando los presupuestos domésticos, existe una distancia evidente entre determinados discursos oficiales y la percepción cotidiana de muchos hogares.

Esa acumulación es la que permite entender mejor lo ocurrido este miércoles en Sevilla. Las más de 60.000 personas no salieron inicialmente a protestar por los Presupuestos, ni por Ábalos, ni por Koldo, ni por David Sánchez, ni por Cerdán, ni por Begoña Gómez, ni por el precio de la gasolina. Salieron por Ceuta. Pero cuando decenas de miles de ciudadanos se encuentran juntos después de años de desgaste político, económico e institucional, la indignación acumulada acaba encontrando una voz.

Por eso comenzaron los gritos contra Pedro Sánchez. Y por eso sería un error monumental que el Gobierno respondiera interpretando automáticamente a esos ciudadanos como una masa uniforme de votantes del PP o de Vox. Entre más de 60.000 personas habrá conservadores, socialdemócratas, liberales, votantes de Vox, antiguos votantes socialistas y ciudadanos que probablemente llevan años sin introducir una papeleta en una urna. Reducirlos a una etiqueta ideológica puede resultar reconfortante para quien gobierna, pero no explica por qué estaban allí.

Lo ocurrido en Sevilla y en el 90% de España debería preocupar a La Moncloa precisamente porque la convocatoria no había nacido contra Pedro Sánchez. Había nacido por Ceuta. Y cuando una concentración concebida para respaldar a una ciudad española termina convirtiéndose espontáneamente también en un escenario donde miles y miles de ciudadanos piden la dimisión del presidente, existe un mensaje político que convendría analizar antes de despreciarlo.

La crisis de Ceuta y la situación española comparten, en el fondo, un problema que resulta mucho más peligroso para cualquier Gobierno que una mala encuesta: la pérdida de confianza. Los ceutíes quieren confiar en que el Estado puede proteger una frontera española y responder con rapidez cuando se produce una emergencia. Los españoles quieren confiar en que quienes administran su dinero lo hacen limpiamente, en que las instituciones funcionan, en que los responsables políticos dicen la verdad y en que un Gobierno dedica sus esfuerzos fundamentalmente a solucionar sus problemas.

Cuando esa confianza comienza a desaparecer, cada nueva crisis pesa más que la anterior. Una condena deja de percibirse como un hecho aislado porque recuerda a la investigación anterior. Una nueva subida de precios se suma a años de pérdida de poder adquisitivo. Una frontera desbordada deja de verse exclusivamente como un problema migratorio y empieza a interpretarse como otro síntoma de incapacidad. Y una legislatura sin nuevos Presupuestos comienza a parecer menos una circunstancia parlamentaria y más la imagen de un Gobierno cuyo principal proyecto consiste en llegar al día siguiente.

Ahí es donde Ceuta activa a España y es donde probablemente se encuentra la verdadera explicación de la imagen que dejó Sevilla y otras muchas ciudades y pueblos de este maravilloso país.

Más de 60.000 personas, según la Policía Local de Sevilla y probablemente cientos de miles en toda España, merecen algo más que una descalificación partidista. Merecen ser escuchadas. No porque tengan necesariamente razón en cada una de sus consignas, sino porque en democracia un Gobierno que deja de preguntarse por qué protestan sus ciudadanos comienza inevitablemente a gobernar una realidad que solo existe dentro de sus propios despachos.

Pedro Sánchez conserva la legitimidad constitucional para gobernar mientras mantenga los apoyos parlamentarios necesarios. Esa legitimidad no está en discusión. Pero exactamente la misma democracia que permite a Sánchez permanecer en La Moncloa permite a decenas de miles de ciudadanos salir a la calle y exigirle que se marche. Las urnas conceden el poder durante una legislatura; no conceden inmunidad frente a la crítica ni convierten al gobernante en propietario de la opinión pública.

Sevilla salió este miércoles por Ceuta. Salió por una ciudad española que ha soportado una crisis extraordinaria y por unos compatriotas que necesitaban comprobar que el resto del país no había decidido mirar hacia otro lado. Pero cuando aquella multitud llenó el centro de la capital andaluza, afloró también algo que llevaba mucho tiempo acumulándose y que sería irresponsable ignorar.

Ceuta fue la razón de la convocatoria. La corrupción, las investigaciones, la debilidad política, el coste de la vida y el cansancio hicieron el resto.

Por eso, quizá la imagen más importante de este miércoles no sea el insulto más grueso ni la pancarta más llamativa. Es la de más de 60.000 personas soportando el calor en las calles de Sevilla para abrazar simbólicamente a una ciudad española situada al otro lado del Estrecho y terminando, además, por dirigir su enfado hacia La Moncloa.

Ceuta no está sola. Y una parte importante de España está cansada. Sevilla decidió este miércoles decir ambas cosas en voz alta.