No rebajen los alquileres ni un euro

España tiene un serio problema de acceso a la vivienda, pero señalar al pequeño propietario como culpable no solucionará ni los bajos salarios, ni la falta de oferta, ni el precio disparado de la compra

OPINIÓN |

España tiene un problema evidente con la vivienda. Negarlo sería absurdo. Cada vez resulta más complicado emanciparse, acceder a una primera vivienda o asumir el coste de un alquiler en determinadas ciudades. Miles de familias hacen malabares cada mes para encajar vivienda, alimentación, suministros, transporte y el resto de gastos cotidianos dentro de unos salarios que, en demasiadas ocasiones, no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida.

Hasta ahí, pocas dudas caben. El problema existe y es grave. Otra cuestión muy distinta es aceptar que la solución pase por señalar al pequeño propietario, limitar cada vez más su capacidad de decisión o presentarlo como responsable directo de una crisis que tiene causas mucho más amplias. Una cosa es defender el acceso a una vivienda digna y otra muy distinta plantear medidas que, en la práctica, conviertan la propiedad privada en algo sometido permanentemente a la voluntad política del momento.

Las acampadas y protestas por la vivienda que se están produciendo en distintos puntos de España vuelven a poner sobre la mesa propuestas como la congelación de alquileres, los contratos prácticamente indefinidos o fórmulas que reducen notablemente la capacidad del propietario para decidir sobre su inmueble. Algunas voces incluso van más allá y hablan de expropiaciones o de fórmulas de intervención que, además de ser muy difíciles de aplicar de forma generalizada, pueden terminar generando más inseguridad y menos oferta.

Y aquí conviene recordar algo que a veces parece molestar: tener dos o tres viviendas no convierte automáticamente a nadie en un especulador. Hay miles de españoles que han trabajado durante décadas, han soportado hipotecas, han renunciado a muchos gastos y han ahorrado durante años para adquirir una segunda propiedad. Otros la han heredado de sus padres y la utilizan como complemento de ingresos o como respaldo para su jubilación. Presentar a todos ellos como parte de un mismo bloque privilegiado es una simplificación interesada que poco ayuda a resolver el problema.

Además, resulta llamativo que buena parte del debate se centre exclusivamente en el alquiler y mucho menos en el precio de compra. Hoy un joven puede encontrarse con que necesita decenas de miles de euros simplemente para afrontar una entrada, además de impuestos y gastos asociados. El acceso a la propiedad se ha convertido en una carrera de obstáculos y, sin embargo, rara vez vemos la misma intensidad política para reclamar avales amplios, ayudas eficaces a la primera compra, reducción de cargas fiscales o una oferta mucho mayor de vivienda asequible.

Quizá deberíamos hablar bastante más de salarios. Porque el problema real no termina en la vivienda. El supermercado cuesta más, los seguros cuestan más, mantener un coche cuesta más, salir a comer cuesta más, viajar cuesta más y cualquier proyecto familiar exige hoy un esfuerzo económico mayor. Si todo sube menos la capacidad real de compra de los trabajadores, el problema no puede reducirse a acusar al propietario de cobrar demasiado por un alquiler.

La pregunta debería ser otra: ¿por qué no se centra también la lucha en conseguir mejores salarios? ¿Por qué no se habla con la misma fuerza de reducir determinadas cargas a las empresas a cambio de mejores contratos? ¿Por qué no se incentiva fiscalmente a las compañías que creen empleo estable y bien remunerado? ¿Por qué no se premia de verdad a las empresas que apuestan por contratos de calidad y mejores condiciones laborales?

Una sociedad fuerte no es aquella en la que cada ciudadano necesita una ayuda pública para llegar a final de mes, sino aquella en la que trabajar permite vivir dignamente. Ese debería ser el objetivo. Que una familia con dos buenos salarios pueda alquilar si quiere, comprar si lo desea y formar un proyecto de vida sin depender permanentemente de subvenciones, bonificaciones o medidas de emergencia.

Durante décadas, una parte importante de la clase trabajadora española tuvo una aspiración sencilla: trabajar, ahorrar y comprar una vivienda. Esa idea no debería parecernos antigua ni equivocada. Al contrario. Facilitar la compra de la primera vivienda tendría que ser una prioridad nacional. Avales para jóvenes, mejores condiciones hipotecarias, reducción de determinados impuestos, más vivienda protegida, más suelo disponible y licencias mucho más ágiles son medidas que probablemente ayudarían más que cualquier campaña contra el pequeño propietario.

También hay que decirlo con claridad: congelar un alquiler no crea una sola vivienda nueva. Limitar precios por decreto puede ofrecer una solución puntual a determinadas personas, pero no resuelve la falta estructural de oferta. Si un propietario percibe que alquilar significa perder durante años la capacidad real de disponer de su vivienda, muchos optarán por venderla, dejarla vacía o buscar otro tipo de uso. Y si desaparecen viviendas del mercado, habrá más personas compitiendo por menos oferta.

Por eso la seguridad jurídica no es una concesión al propietario. Es una condición necesaria para que exista un mercado de alquiler amplio. El inquilino debe estar protegido frente a abusos y situaciones injustas, pero el propietario también debe saber que podrá recuperar su vivienda, cobrar la renta acordada y decidir sobre ella cuando finalicen legalmente las condiciones pactadas. Una política razonable debería proteger a ambos, no enfrentar a unos contra otros.

El Estado tampoco puede descargar sobre el ciudadano particular responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas. Si hacen falta viviendas sociales, constrúyanse. Si son necesarios más avales, créense. Si existen familias vulnerables, protéjanse. Si falta vivienda asequible, amplíese el parque público. Lo que no parece razonable es que el propietario particular termine convirtiéndose en una extensión gratuita de la política social del Estado.

Las personas que acampan o protestan tienen todo el derecho a hacerlo. Pero protestar no convierte automáticamente una propuesta en acertada. También debemos poder criticar medidas que parecen más pensadas para fabricar un adversario político que para solucionar el problema de fondo. La vivienda no puede analizarse sólo desde el alquiler. Hay que hablar también de salarios, fiscalidad, acceso al crédito, oferta, vivienda pública, empleo, productividad, construcción, seguridad jurídica y coste general de la vida.

Y tampoco podemos ignorar la utilización política del problema. Cuando un asunto social de enorme gravedad se convierte en consigna permanente, existe el riesgo de que sirva para desplazar otros debates incómodos. España afronta problemas económicos, sociales e institucionales suficientemente importantes como para exigir soluciones reales y no simplemente nuevos culpables cada semana.

No se trata de defender alquileres elevados ni de negar que existan abusos. Se trata de entender que el problema no se resolverá empobreciendo a otro ciudadano. Si alguien quiere rebajar voluntariamente su alquiler, perfecto. Si propietario e inquilino alcanzan un acuerdo estable, mejor aún. Pero imponer permanentemente precios, condiciones o duraciones desde la política puede terminar consiguiendo justamente lo contrario de lo que se pretende.

Por eso el título de este artículo es deliberadamente provocador: no rebajen los alquileres ni un euro por imposición política. La verdadera batalla debería estar en otro sitio: conseguir mejores salarios, aumentar la oferta, facilitar la compra de la primera vivienda, crear empleo de calidad, reducir obstáculos a la construcción y proteger a quien realmente lo necesita.

El fracaso no es que haya ciudadanos con dos o tres viviendas. El verdadero fracaso es que millones de españoles que trabajan vean cada vez más lejos la posibilidad de comprar siquiera una.

Y mientras no seamos capaces de poner el foco ahí, podremos llenar muchas plazas de tiendas de campaña, pero el problema seguirá exactamente donde estaba cuando se marchen.